quinta-feira, 18 de maio de 2017

DE LA LUCHA ARMADA A LOS PROCESOS ELECTORALES

Manual 2
DE LA LUCHA ARMADA A LOS PROCESOS ELECTORALES

El sentido común compara, como alternativas antagónicas, los procesos electorales y los procesos de lucha armada. En la práctica, existe una relación mucho más compleja entre ambos procesos. Esto se evidencia cuando observamos la historia de los países señalados generalmente como democracias electorales.

Comencemos por Inglaterra: un país en el que la instalación de una democracia parlamentaria estable resultó de un largo proceso revolucionario que inició con una guerra civil (de 1640 a 1649), prosiguió en el gobierno de Oliver Cromwell (de 1649 a 1658), después pasó por la restauración de la dinastía de los Stuart (de 1660 a 1688) y concluyó con la llamada Revolución Gloriosa. Es decir, sin revolución y sin el “Ejército de Nuevo Tipo”, dirigido por Oliver Cromwell, no habría surgido la monarquía parlamentaria que permanece hasta el día de hoy.

La historia de la democracia electoral en Francia es tan violenta como la de Inglaterra, ya que incluye tres revoluciones (1789, 1830, 1848) y una guerra civil (1871). La República derivada de ese proceso atravesó por muchas revueltas, incluyendo dos guerras mundiales, una ocupación nazi, un gobierno colaboracionista y una tentativa de golpe organizada por generales de ultra-derecha contra el presidente De Gaulle, en 1961, además de las grandes manifestaciones de 1968 y de la posterior reacción conservadora. Es decir, la estabilidad relativa de la democracia electoral que Francia exhibe desde los años 1970 es producto de inmensos conflictos en los que el elemento militar estuvo presente en varias ocasiones.

Y en los Estados Unidos (EEUU), país donde – se dice – ¿nunca hubo un golpe militar? Para comenzar, siempre es bueno recordar que Estados Unidos tiene un sistema político y electoral muy peculiar. Este sistema está compuesto, entre otros elementos, por un sistema de equilibrio de poderes entre el judicial, el legislativo y la presidencia. El papel de las agencias de seguridad, del Pentágono y del complejo industrial-militar; el papel de los grupos de presión, la influencia de las corporaciones y especialmente de Wall Street; el financiamiento empresarial de las campañas electorales y el papel de los medios de comunicación en la definición del voto popular. Las restricciones para el registro electoral que dificultan la incorporación electoral de negros, latinos y pobres; las restricciones para el ejercicio del derecho al voto, llevando a que menos de la mitad de la población adulta sea políticamente activa en los procesos electorales, inclusive porque las personas no tienen la libertad en el trabajo para poder votar; y por último, el sistema federal, que permite que un presidente con menos votos populares sea el de la victoria, como es el caso de Donald Trump.

En resumen: la democracia existente en los EEUU no es tan democrática como parece. ¿Y cómo fue construida esta democracia? No fue diseñada por algún teórico, pero sí por una larga historia de conflictos internos y externos que tienen su origen en la guerra de independencia (1775-1783), luego pasa por una devastadora guerra civil (1861-1865), por la participación cada vez más frecuente en guerras imperialistas, que tuvieron una oposición interna que incluyó grupos de lucha armada y desobediencia civil (con énfasis en las Panteras Negras).

En estos tres países y en todo el mundo fue siempre así: para bien y para mal, la democracia que existe realmente surgió de inmensos conflictos, en los cuales los procesos de lucha armada tuvieron mayor o menor importancia.

Un ejemplo reciente ocurrió en Irak, Libia y Afganistán, donde los EEUU promovieron guerras en nombre de la democracia; y el resultado fue, como todos pueden constatar, regímenes políticos y sociales extremadamente frágiles, desiguales, injustos y anti-democráticos.

En América Latina y el Caribe,  nuestros gobiernos republicanos surgieron – la mayoría de las veces – de las grandes luchas por la independencia contra España. Las fuerzas armadas tuvieron gran importancia en la historia de nuestros países, generalmente por una alianza entre los militares, las oligarquías y las potencias extranjeras. Y en muchos casos, la única alternativa que quedó a los grandes sectores de la población fue el derecho de rebelión contra la tiranía – derecho previsto en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) – y por lo tanto, la lucha armada contra las dictaduras.

La lucha armada resultó victoriosa en Cuba (1959) y en Nicaragua (1979). En el primer caso, la revolución construyó un nuevo Estado y procesos político-electorales nuevos, muy diferentes de los existentes en el resto de la región. Parte de estas diferencias derivan del bloqueo promovido por los Estados Unidos desde 1962, obligando a Cuba a adoptar diversas medidas de protección.

En Nicaragua, la revolución también construyó un nuevo Estado que incluye fuerzas armadas y policía sandinista. Los EEUU también presionaron fuertemente al gobierno revolucionario, estimularon una guerra civil y apoyaron la candidatura de oposición que venció las elecciones presidenciales en 1990. El Frente Sandinista vivió, entonces, una situación inusual: después de haber liderado y vencido una revolución armada, construyó un nuevo Estado bajo cuyas reglas perdió las elecciones y se convirtió en oposición entre 1990 y 2006.

En otros países, la guerrilla no tuvo fuerza para vencer la lucha armada, sin embargo, tuvo suficiente fuerza para obligar a los oponentes a negociar la paz. De esta forma, la lucha armada concluyó con acuerdos que en mayor o menor medida incorporaron demandas de las antiguas organizaciones guerrilleras, ahora incorporadas a la participación político-electoral. Es el caso de Guatemala y, con énfasis, es el caso de El Salvador, donde el FMLN venció dos elecciones presidenciales: en 2009 y 2014.

En la mayoría de los casos, no obstante, la lucha armada fue derrotada y sus organizaciones dejaron de existir. Una excepción a la regla es Uruguay, donde una antigua organización guerrillera – los Tupamaros – protagonizó la creación de un partido político – el Movimiento de Participación Popular –  que actúa como parte del Frente Amplio. Uno de los integrantes del MPP (Movimiento de Participación Popular), el senador Pepe Mujica, fue electo presidente de Uruguay en el año 2012.

A continuación, hablaremos de las experiencias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-Tupamaros).

La experiencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional - FSLN
País: Nicaragua.
Fundación: 1961.
Contexto: Los EEUU mantuvieron una constante presencia militar en Nicaragua, entre 1912 y 1933. Esta presencia militar, vinculada a los intereses imperialistas de los EEUU, interfería en los conflictos entre los diferentes grupos políticos y sociales nicaragüenses.

El auge de estos conflictos significó la guerra civil entre conservadores y liberales, iniciada en el año 1926. Cuando los liberales estaban por ganar la guerra, los EE UU impusieron un acuerdo entre las partes, bajo su supervisión militar. Uno de los generales del lado liberal, llamado Sandino, no aceptó el acuerdo y mantuvo la lucha por la renuncia del presidente conservador, por nuevas elecciones, por el retiro de las tropas de los EEUU y por el fin del acuerdo que daba a los EEUU el control firme de Nicaragua.
Las tropas de Sandino no vencieron la guerra, pero tampoco fueron militarmente derrotadas. Los EEUU retiraron sus tropas de Nicaragua en enero de 1933. Sandino abrió negociaciones con el gobierno, pero fue traicionado, preso y ejecutado el 21 de febrero de 1934 por tropas de la Guarda Nacional, bajo el comando de Anastasio Somoza García.

Dos años después, el mismo Somoza daría un golpe de Estado e iniciaría una dictadura familiar, encabezada primero por el padre Somoza García y después por los hijos.

Somoza impuso al país un régimen en el que buena parte de las propiedades públicas y de las empresas que tenían el monopolio de negociación con países extranjeros pasaron a las manos de su familia y de sus aliados. Lo mismo sucedió en las Fuerzas Armadas, nombrando a personas de su confianza para los cargos más altos.

Anastasio Somoza permaneció en el poder por 20 años, hasta 1956, poco después de que una alteración constitucional le permitiera asumir un nuevo mandato. Sin embargo, fue asesinado meses después, el 21 de septiembre de aquel año, por el poeta Rigoberto López Pérez, quien se transformó en un ícono en la lucha contra la opresión.

Después del asesinato, Luis Somoza asumió el lugar de su padre, manteniendo el mismo método de gobierno y reanudando el apoyo de los EEUU. Posteriormente, en 1967, Anastasio Somoza Debayle, hermano de Luis, ocupó la Presidencia de Nicaragua en una gestión que agravó las desigualdades sociales y políticas y se encontró con alguna desaprobación internacional, especialmente luego de que se descubrió que la ayuda humanitaria para la reconstrucción de la capital (Managua) - afectada por un fuerte terremoto en diciembre de 1972 - estaba siendo desviada por el gobierno.

El FSLN: El surgimiento del FSLN se remonta al final de la década de 1950 y al  inicio de la década de 1960, a partir de grupos formados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y en la Universidad de León.

El diagnóstico era que solo la lucha armada derribaría la dictadura de Somoza. En 1961, Santos López (quien luchó con Augusto Sandino), Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, Tomás Borge, Germán Pomares Ordóñez, Jorge Navarro, Julio Buitrago, Faustino Ruiz, Rigoberto Cruz y José Benito Escobar Pérez fundaron el Frente de Liberación Nacional.

En 1963, se incluyó el nombre de Sandino y el grupo comenzó a actuar como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La actuación del FSLN se daba de manera clandestina. La acumulación de fuerzas se prolongó durante la década de 1960, transformando al FSLN en la principal fuerza de enfrentamiento a la dictadura.

En 1969, fue lanzado el Programa de la Revolución Popular Sandinista, que eligió la alianza entre trabajadores rurales y campesinos como pilar para derrotar a las fuerzas imperialistas y oligárquicas que controlaban Nicaragua. En el núcleo del programa del FSLN, estaban el fin de la explotación y de la opresión, el desarrollo, la patria libre, el progreso y la independencia de las fuerzas productivas nacionales.

En los años 1970, el FSLN ya actuaba como grupo armado, llevando a cabo sus primeras operaciones contra el gobierno de Somoza, el cual dio inicio a violentas opresiones y persecuciones a los integrantes del FSLN y a todo el que estuviese ayudándolos.

En diciembre de 1974, integrantes del FSLN con operación armada promovieron la acción más significativa del grupo: tomaron como rehenes a varios miembros del gobierno que participaban en una fiesta en la casa del Ministro de Agricultura, quien murió al tratar de resistir el hecho. Como rescate, obtuvieron la liberación de prisioneros del FSLN en poder del gobierno (entre ellos, Daniel Ortega), consiguieron la lectura de un comunicado oficial en la radio, con su publicación en periódicos impresos y además, recibieron US$ 2 millones.

Después del episodio, ya en 1975, el gobierno Somoza amplió los métodos de intimidación, tortura y asesinatos de personas identificadas con alguna conexión con el FSLN. Fueron decretados estado de sitio y censura, con el incremento de violencia en refugios señalados como pro-revolucionarios. Muchos líderes fueron asesinados, como José Carlos Fonseca Amador, uno de los fundadores del FSLN.

En 1975, el FSLN se dividió en tres grupos. El primer grupo, con Jaime Wheelock Román al frente, apostaba por una insurrección urbana; el segundo, que tenía a Fonseca, Tomás Borge y Henry Ruíz como líderes, era partidario de la guerra popular prolongada; el tercer grupo, integrado por Daniel Ortega y su hermano Humberto Ortega Saavedra, era caracterizado por defender una política de alianzas más amplia y por más apertura en relación a los procesos para derrocar la dictadura.

A partir de 1978, el movimiento armado se fortaleció a tal punto que permitió el derrocamiento del gobierno de Anastasio Somoza Debayle. Al año siguiente, Somoza deja el país y la Revolución Sandinista asume el poder para implementar una profunda reforma en las instituciones del país.
Una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, compuesta por cinco miembros y coordinada por Daniel Ortega, albergó a las variadas fuerzas que apoyaron el proceso revolucionario. El FSLN era la mayor de ellas y lideró el proceso de reforma agraria, estatización de tierras e industrias (buena parte a nombre de la familia Somoza), nacionalizó bancos y promovió una campaña de alfabetización universal.

En 1985, Daniel Ortega se convirtió en el primer presidente de la República de Nicaragua después de la revolución, electo con 60% de los votos.

Los desafíos del FSLN, ya como partido político, pasaron a ser apoyar al gobierno en la búsqueda de la recuperación económica, con ampliación del comercio exterior y valoración del trabajo, todo esto en medio de las debilidades de infraestructura dejadas por cuatro décadas de dictadura, a las desigualdades sociales y a la destrucción (física e intelectual) resultante del proceso de enfrentamiento revolucionario.

El triunfo de la revolución colocó al país como una de las prioridades geopolíticas para los EEUU, que pasó a financiar y a armar a paramilitares de derecha para que desestabilizaran el gobierno de inspiración sandinista.

Este proceso se intensificó con la victoria de Ronald Reagan a la Presidencia de los EEUU, cuyo gobierno orientó, financió, entrenó y armó a los llamados “contras”–fuerzas antirrevolucionarias.

En 1983 se declaró estado de excepción debido a la presión estadounidense, con suspensión de libertades civiles, lo que daba fortalecimiento para el discurso construido externamente por los EEUU de que el nuevo gobierno sería una “dictadura comunista totalitaria”.

En 1990, en ese escenario ampliamente desfavorable, Daniel Ortega consigue conducir el país hacia un proceso electoral libre y directo, en el cual se consagra vencedora Violeta Chamorro, de la Unión Nacional Opositora, que se distanció a lo largo de los años 1980 de la junta de gobierno post-revolución y se alió a grupos conservadores y moderados, financiados por los EEUU.

La década de 1990 marca sucesivas derrotas del FSLN en las elecciones presidenciales, con el ascenso de Violeta Chamorro, José Arnoldo Alemán Lacayo (Partido Liberal Constitucionalista – PLC) y Enrique José Bolaños Geyer (Alianza por la República – APRE), cuyos gobiernos llevaron adelante las orientaciones neoliberales formuladas en el Consenso de Washington.

Tal programa era diametralmente opuesto a lo defendido por el FSLN y por la población que apoyaba la Revolución Sandinista en Nicaragua. Entre 1990 y 2006, el FSLN se mantuvo en la oposición, pasó por divisiones internas, siempre consiguió mantener una fuerte presencia parlamentaria, retomando la presidencia de la República en el año 2006.

Desde entonces, con victorias seguidas, Ortega ha venido siendo reelecto presidente — la más reciente reelección fue en el 2016.

La experiencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional - FMLN
País: El Salvador.
Fundación: 1980.
Contexto: De 1931 a 1979, el país fue dirigido por diversos gobiernos autoritarios que representaban a las fuerzas militares y latifundistas del país.
 
Entre las organizaciones reprimidas en este período está el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), creado en 1930 y que tenía entre sus militantes a Agustín Farabundo Martí, quien durante algunos años fue secretario del general Augusto César Sandino.
 
En 1932, un levantamiento campesino dirigido por Farabundo Martí dio lugar a una masacre con miles de víctimas, especialmente indígenas, y la ejecución de Farabundo Martí y otros líderes comunistas y campesinos.
En las décadas siguientes, El Salvador vivió un período de golpes sucesivos: en 1944, 1945, 1948, 1960 y 1961, siempre manteniendo la ecuación militares + oligarquías agrarias, generalmente con la presencia de los EEUU.
A principios de la década de 1970, varios grupos se opusieron a los gobiernos militares y oligárquicos. Entre ellos, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que proviene del movimiento estudiantil, que secuestró y asesinó, en 1971, al empresario Ernesto Dueñas, de una de las familias con mayor concentración de tierras en el país.
En 1972, José Napoleón Duarte, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), participa en las elecciones presidenciales encabezando una alianza denominada Unión Nacional Opositora (UNO). Pero el ejército decretó la victoria del Coronel Arturo Armando Molina, del Partido de Conciliación Nacional (PCN), lo que provocó protestas ante los indicios de que la UNO había ganado las elecciones. Duarte se vio obligado a exiliarse en Venezuela.
Una vez más, el proceso se repitió en 1977, con los militares declarando la victoria del candidato oficialista, en un proceso electoral fraudulento, una dictadura disfrazada de democracia electoral.
El 24 de marzo de 1980 fue asesinado el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, por sus manifestaciones contra la represión del gobierno y contra el apoyo que prestaron los EEUU al régimen. La muerte de Romero marca el inicio de un conflicto armado generalizado en el país.
El FMLN: En 1980, cinco movimientos políticos de oposición se estructuraron en el FMLN: el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), las Fuerzas Populares Farabundo Martí (FPL), la Resistencia Nacional (RN), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).
También se creó la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), para impulsar las manifestaciones de calle que se multiplicaban en el país, con la intención de confrontar e imponer derrotas a las fuerzas militares de opresión.
El FMLN encendió, el 10 de enero de 1981, la "Ofensiva Final". Esta acción no logró derrocar a los militares para implementar un gobierno revolucionario y popular. El FMLN continuó operando clandestinamente, dispersó sus fuerzas en unidades de combate armado, preparó una estructura de soporte de las operaciones armadas, como talleres de fabricación y reparación de armas, apoyo médico, así como radios para la comunicación y difusión de las ideas del movimiento.
El despliegue popular y la solidez militar del FMLN impidió su destrucción por parte de la alianza entre el gobierno oligárquico-militar y los EEUU. Por otro lado, el FMLN no logró vencer mediante la lucha armada. En un contexto internacional marcado por el fin de la Unión Soviética, el FMLN optó por la negociación de la paz.
En 1992, la firma del proceso de paz, en Chapultepec (México), no solo terminó el período de la guerra civil, sino también un período de 60 años de gobiernos militares o protegido por militares.
El reconocimiento por parte del Tribunal Supremo Electoral del registro como partido político, también en 1992, abrió una nueva etapa de operación del FMLN.
En 1994, el partido se establece como la segunda fuerza política salvadoreña, obteniendo el 21% de los votos para la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la nueva etapa presentaba nuevos problemas, entre los cuales estaban, cómo disolver las estructuras políticas armadas y convertirse  en un partido con actividades políticas, sociales y electorales. Además, hubo diferencias políticas que llevaron a sectores del FMLN a abandonar el partido, por lo general para defender posiciones más moderadas.
El FMLN participó en las elecciones municipales, en las elecciones parlamentarias y también en las elecciones presidenciales, con las candidaturas de Facundo Guardado en 1999 (obteniendo 365,689 votos o 28,88%), Schafik Handal en 2004 (obteniendo 812,519 votos o 35,68%) y Mauricio Funes en 2009 (alcanzando 1.345.000 votos o 51,32%)
En 2009, junto con el periodista Mauricio Funes, el FMLN llegó a la presidencia de El Salvador. En 2014, volvió a ganar las elecciones, con Salvador Sánchez Cerén, ex comandante guerrillero que fue vicepresidente de Funes. Hoy en día, compone la primera fuerza política y electoral de El Salvador, con mayor representación parlamentaria y acumulando los gobiernos de las principales ciudades de El Salvador, incluyendo la capital, San Salvador.
La experiencia de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca - URNG
País: Guatemala.
Fundación: 1982.
Contexto: Es muy conocido el término "república bananera", término peyorativo aplicado a países de América Latina y el Caribe.

El verdadero origen del nombre es que en el cambio del siglo XIX para el siglo XX, las empresas estadounidenses como United Fruit Company (ahora Chiquita Brands International) comenzaron a invertir en la producción a gran escala de bananas y con eso influenciaban a los gobiernos locales, débiles, corruptos y dependientes de los EEUU.
United Fruit eligió a Guatemala como sede de sus operaciones en la región. La multinacional estadounidense, centrada en la producción y el comercio de frutas tropicales, estaba directamente involucrada en la inestabilidad política en Guatemala. Una señal significativa de esto fueron los golpes de estado que derrocaron el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, en 1954, con la explicación de que se trataba de una gestión guiada por las directrices comunistas.
Tanto el gobierno de Juan José Arévalo, como el de su sucesor, Jacobo Arbenz Guzmán, apostaron por medidas populares, en especial la reforma agraria, que dio como resultado el acceso a la tierra a más de 100 mil familias, en 1952.
La consecuencia inmediata fue la pérdida de tierras sin cultivar, objetivo de la reforma agraria, que pertenecían a United Fruit Company, también propietaria de ferrocarriles y del puerto de San José. Asimismo, fueron aprobadas leyes laborales, permitiendo la creación de los primeros sindicatos.
Bajo el argumento de que Arbenz llevaba un gobierno comunista, una fuerza formada en el exterior ingresó a Guatemala dirigida por Castillo Armas, que bajo la dirección y con el apoyo de los EEUU derrocó al presidente.
Además de sacar a Arbenz del poder, disolver el Congreso y establecer una nueva Carta Constitucional represora y contra los movimientos populares, el nuevo gobierno estableció la violencia como patrón de convivencia en Guatemala.
En más de tres décadas (1960 a 1996), cientos de miles de personas murieron y decenas de miles desaparecieron.
Asesinado en 1957, Castillo Armas fue sustituido por una junta militar. En 1966, la elección de Julio César Méndez Montenegro (del Partido Revolucionario) fomentó la ilusión de que se podría retomar el camino de las transformaciones sociales más profundas. Sin embargo, Montenegro gobernó sin ofender ni los intereses de las oligarquías, ni los de los militares y los estadounidenses.
En 1970, con la elección del presidente Carlos Arana Osorio, el país entró en su fase más aguda, con la adopción de una política de exterminio de opositores, bajo la justificativa de que eran comunistas. La consolidación de Escuadrones de la Muerte con el apoyo del Estado incrementó la violencia en Guatemala y agudizó las tensiones sociales.
La URNG: El golpe militar de 1954 representó el inicio de un período de gran persecución contra las fuerzas de izquierda guatemaltecas, con la frecuente desaparición de sus líderes.
En 1982, algunas de estas fuerzas se unificaron en una sola organización la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) integrada por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), La Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).
Por albergar bases de la oposición, la zona rural fue la que más sufrió con la política gubernamental que causó más de 600 masacres de civiles, en su mayoría indígenas, según sostiene la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
Según la encuesta, entre el 90% y el 94% de las masacres fueron causadas por las fuerzas de seguridad estatales. Muchas de estas muertes y desapariciones se dieron de forma encubierta como parte de un programa -- llamado "Fusiles y Frijoles" -- puesto en marcha por el general Efraín Ríos Montt, en el año de la fundación de la URNG.
Con el motivo de promover el acceso a los alimentos básicos y al trabajo, el programa cumplió otro objetivo no declarado: ocupar lugares previamente controlados por los oponentes, asesinando a importantes líderes de los movimientos armados.
En 1984, se llevan a cabo elecciones para la Asamblea Nacional y, un año más tarde, la gente vota para elegir al demócrata-cristiano Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Se abre espacio para la construcción de un proceso de paz con la participación de las Naciones Unidas, que tendría lugar entre 1987 y 1996, con el consecuente abandono de armas.
La legalización de la URNG como partido político, para la disputa institucional, comenzó en 1997, pero solo se concretó el año siguiente. La primera elección disputada por la URNG fue en 1999, cuando registró el 12% de los votos y se estableció como la tercera fuerza política en Guatemala. Sin embargo, las divisiones y los desacuerdos impidieron una mayor unidad entre las representaciones de izquierda, y la URNG perdió apoyo en las siguientes elecciones.
La URNG también se topó con el obstáculo de la reinserción en la vida social, sufrió divisiones causadas por diferencias políticas y no logró superar la condición de fuerza política y electoral minoritaria.
La experiencia del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros - MLN
País: Uruguay.
Fundación: 1966.
Contexto: Durante muchos años, a Uruguay se le llamaba la "Suiza de América", en una alusión combinada a las condiciones de vida, la estabilidad social y también las dimensiones del país.

En realidad, esta referencia fue un reconocimiento de los efectos de un movimiento iniciado dentro del Partido Colorado, a principios del siglo XX, bajo la dirección de José Batlle, que proponía un Estado con presencia en la economía, impulsor de educación y reducción de la dependencia exterior.
Representante de las clases urbanas emergentes, el Partido Colorado disputaba el control político de Uruguay con el Partido Nacional, el brazo político de las oligarquías agrarias. La aparición de lo que se llamó "batllismo" culminó en una nueva Constitución, en 1918, que consolidó en el país un sistema bipartidista.
Los gobiernos "batllistas" permitieron la expansión de la infraestructura nacional, avances importantes en la educación, protección a la producción nacional, el fortalecimiento del comercio, los cambios en la legislación portuaria, la creación de un sistema de seguridad social, la organización de los sindicatos, la reducción de las desigualdades entre el campo y las zonas urbanas y un modelo partido-político-electoral estable.
Sin embargo, en la década de 1950 este modelo de desarrollo económico y político se estaba agotando. Así, las tensiones económicas posteriores a la Segunda Guerra, con una fuerte pérdida en valor del peso, condujeron a las demandas populares por mejoras en las condiciones de vida.
La Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), establecida en 1961 con el apoyo del joven abogado Raúl Sandic, promovió grandes manifestaciones en Montevideo, pidiendo tierra y leyes de protección a los trabajadores. La reacción del gobierno fue la violencia, responsabilizando a los opositores por la situación, marcando la década de 1960 como un momento de preparación para la dictadura militar, que llegó a superar a la creciente supresión de los derechos civiles.
El gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) utilizaría las "Medidas Prontas de Seguridad" para avanzar sobre los derechos de los trabajadores, prohibir el funcionamiento de los partidos de izquierda y censurar a la prensa. Enfrentaría la intensa resistencia de los sectores sindicalizados, fortalecidos por las décadas anteriores y responsables años atrás, en 1965, de una huelga general que paralizó a cientos de miles de trabajadores uruguayos.
En la misma década de 1960 se vería la formación de grupos y movimientos políticos de resistencia y confrontación al  poder central, que comenzaron a vocalizar, junto con las centrales sindicales (Confederación Sindical del Uruguay - CSU, la Unión General de Trabajadores - UGT y la Confederación Nacional de Trabajadores - CNT), los descontentos populares. En este proceso, surgieron grupos como el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), que, junto a la UTAA, adoptó la lucha política armada en los grandes centros urbanos.
Muchos de estos grupos y movimientos políticos se sumaron, en 1971, para formar el Frente Amplio, que disputó las elecciones subsiguientes en representación de una amplia gama política. El aumento de la represión de las libertades políticas y civiles derivadas de la victoria de Juan María Brodaberry, que aceptó ser la cara de un régimen civil y militar de excepción, colocó a las fuerzas de oposición en la clandestinidad.
Una década más tarde, con la reanudación del proceso democrático, el Frente Amplio volvió a reagruparse, reuniendo bajo un mismo paraguas programático a una serie de partidos y movimientos políticos independientes el uno del otro.
En la actualidad, se cuenta con más de 20 grupos dentro del Frente Amplio, que preparó luego de la redemocratización (a partir de 1984) un camino sólido de convivencia entre diferentes programas partidarios, de orientación general común y de gran capacidad de unidad de acción, debido a un funcionamiento interno que respeta las proporciones y garantiza la preservación de las diferencias sin conflictos internos profundos. El camino tomado por el Frente Amplio permitió que desde 1999 obtuviese la mayoría legislativa y, a partir de 2004, conquistase la presidencia de la Republica, manteniéndola desde entonces.
Uno de esos movimientos que integran el Frente Amplio es el Movimiento de Participación Popular (MPP), que surge de la MLN (Tupamaros) y tiene en José Mujica a su mayor líder de reconocimiento internacional.
El MLN - Tupamaros: En 1966, Raúl Sendic – abogado del sindicato de trabajadores agrícolas – se une a José Mujica, Fernández Huidobro y Jorge Manera Lluvera para fundar el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), con el objetivo de crear en Uruguay una nueva sociedad, con división de tierras, una mayor igualdad y participación popular.
"Tupamaros" era una alusión al último líder indígena en resistirse al dominio español (Tupac Amaru) y también al modo como la resistencia indígena era denominada por los españoles.
La inspiración para la lucha armada vino de la Revolución Cubana, llevando al MLN Tupamaros a verse como un movimiento político armado.
Con el pasar de los años, bajo una creciente persecución por parte del gobierno uruguayo, los Tupamaros desarrollaron acciones específicas de fortalecimiento financiero y de armamentos para sostener sus operaciones.
Se especializaron en acciones de impacto y que pudiesen transmitir las razones de su lucha, como promover de la distribución de alimentos con parte del dinero robado.
Los Tupamaros tomaron la ciudad de Pando, en 1969, en una operación que duró el tiempo del asalto de bancos y de la distribución de folletos, pero que acabaría con la muerte de tres miembros del movimiento, además de la detención de otros 16.
Los Tupamaros también secuestraron a los embajadores de Brasil e Inglaterra, y al secretario de la embajada de los EEUU, Dan Mitrione, en 1970, designado como agente de la CIA y responsable de la enseñanza de técnicas de tortura a los operadores del aparato opresor uruguayo y brasileño.
Mitrione fue ofrecido a cambio de la liberación de otros tupamaros que habían sido detenidos por el gobierno. Pero, mientras se llevaban a cabo las negociaciones, los líderes del movimiento, entre ellos Sendic, fueron detenidos, y el gobierno comenzó a no dar respuesta a las comunicaciones de negociación de la liberación de Mitrione. La consecuente muerte del estadounidense empeoró la represión de los Tupamaros, determinados como enemigos número uno del gobierno, que llegó a prohibir la difusión del nombre del movimiento.
En 1970, año electoral, los Tupamaros protagonizaron una espectacular fuga de la prisión de Punta Caretas, con la salida de 111 presos, siendo 106 Tupamaros y otros cinco presos comunes. La operación tuvo un fuerte apoyo externo del movimiento, lo que facilitó vías de escape y puntos de destino para cada fugitivo arrestado.
Al mismo tiempo de la fuga, una noche en septiembre, los Tupamaros fomentaron acciones en un punto de la ciudad opuesto a la ubicación de la prisión, para atraer la atención y movilizar las tropas de seguridad del gobierno a un lugar distante de la prisión. Pero la confrontación abierta y la participación de gran parte del grupo de seguridad del gobierno llevaron a la detención de los principales miembros del MLN Tupamaros.
La mayoría de sus líderes ya habían sido detenidos cuando, a finales de 1971, Juan María Brodaberry fue electo presidente de Uruguay. La elección marcó la formación del Frente Amplio, que reunió a los grupos políticos de centro y de izquierda.
Pero la aprobación del estado de guerra interno, en 1972, con la suspensión de las garantías civiles y el juicio por la Justicia Militar de los delitos caracterizados como subversión, la dictadura civil uruguaya, contra la cual los Tupamaros luchaban, se asociaba con las fuerzas militares.
En 1973, ya con casi la totalidad de los dirigentes del MLN Tupamaros como rehenes del gobierno, Bordaberry continuó con el endurecimiento del régimen, disolviendo las cámaras y sustituyéndolas por consejos de Estado y abriendo las puertas del gobierno a la presencia de Fuerzas Armadas.
La reacción de los trabajadores fue inmediata, con huelgas, ocupación de los lugares de trabajo y toma de los centros de estudiantes, seguida por la suspensión de las escuelas primarias y secundarias y un mayor uso de la fuerza contra los manifestantes.
El 27 de junio de 1976, Bordaberry aceptó ser el presidente de un gobierno dirigido por los militares.
Fue en 1984, como parte de las negociaciones para la redemocratización del país, que los Tupamaros que habían sido encarcelados durante más de una década fueron puestos en libertad.
Reunidos bajo el nombre de Movimiento de Participación Popular (MPP), los antiguos Tupamaros comenzaron a actuar como uno de los sectores del Frente Amplio (Ver Manual 1).

Más de dos décadas después, José Mujica fue electo presidente de Uruguay, sucediendo la gestión de Tabaré Vázquez, también del Frente Amplio.

EXPERIENCIAS DE AMÉRICA LATINA EN LA LUCHA ELECTORAL

Manual 1
EXPERIENCIAS DE AMÉRICA LATINA EN LA LUCHA ELECTORAL

PRESENTACIÓN

Nuestro objetivo es conocer un poco más la experiencia de los países de América Latina y el Caribe en donde los partidos de izquierda lograron conquistar la presidencia de la República a través del voto popular.

Se puede decir que las victorias de los proyectos de izquierda en la región comenzaron en 1998, con la elección del comandante Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela. Antes de eso, los triunfos fueron pocos; el caso más conocido es el del presidente Salvador Allende, quien gobernó Chile entre 1970 y 1973, y fue derrocado por un golpe militar.

Las experiencias anteriores a 1998, aunque también sean de interés y tengan mucho que enseñarnos, ocurrieron en una época histórica completamente diferente a la actual. Por esta razón, decidimos tratar en el presente texto algunas enseñanzas de las experiencias más recientes, que se dan en un escenario internacional y regional más cercano a la actualidad.

En este primer manual, hablaremos de los casos de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Paraguay. En el siguiente manual nos referiremos a los otros casos.


NEOLIBERALISMO

Hasta el final de los años 90, casi todos los países de América Latina y el Caribe eran gobernados por neoliberales, la gran excepción era la República de Cuba.

Los neoliberales defendían los principios del Consenso de Washington: un conjunto de directrices que sometían la economía de la región a los intereses del capital transnacional y financiero de los Estados Unidos (EEUU) y de sus socios en Europa y Japón.


En el ámbito económico, el neoliberalismo reducía el valor real del salario de los trabajadores y el precio de venta de lo que era producido por los campesinos y pequeños propietarios urbanos, además de ampliar la presencia del capital transnacional y del capital financiero en las economías nacionales.
El neoliberalismo implicaba, además, la destrucción de la industria nacional y la privatización del control de las empresas estatales y las riquezas nacionales, generalmente en favor de capitales extranjeros.

En el ámbito social, el neoliberalismo daba como resultado el crecimiento de la desigualdad. En muchos países, ese proceso era disfrazado por la ampliación de acceso a los bienes de consumo masivo. Fenómeno observado, por ejemplo, en los barrios populares, en donde las viviendas son precarias, sin pavimento ni saneamiento, pero los residentes a veces poseen televisores y carros último modelo comprados a crédito.

En el ámbito político, el neoliberalismo “modernizó” una característica antigua en América Latina: el carácter limitado de la democracia en nuestra región. Desde el siglo XIX, las clases dominantes adoptaron a Francia, Inglaterra y los EEUU como sus referencias teóricas sobre lo que es la democracia, pero en la práctica sucedía algo diferente.

Durante gran parte de los siglos XIX y XX, América Latina vivió bajo gobiernos antidemocráticos, esto es muy evidente en el caso de las sociedades basadas en la esclavitud, así como en los gobiernos monárquicos o en aquellos que fueron resultado de la ocupación extranjera.

Sin embargo, la democracia también era muy limitada en los demás casos, es decir, en la mayoría de los gobiernos republicanos de la región. Una prueba de esto es que la mayoría de la población era excluida del derecho a votar y ser votado.

DEMOCRACIA

¿Cómo conciliaban las élites este hecho con sus referencias teóricas? –Simple: decían que la gran mayoría del pueblo no estaba preparado para ejercer la democracia. Es decir, adoptaban una actitud racista frente a su propio pueblo, similar a la actitud que los imperialistas adoptaban frente a los pueblos esclavizados y colonizados.

Esto ayuda a entender los motivos por los cuales en América Latina y el Caribe las clases dominantes no aceptan y se resisten brutalmente a la adopción de mecanismos de democracia directa, participativa y control social de parte de la ciudadanía.

Las clases dominantes consideran que el Estado es su propiedad privada, y de la misma forma como un empresario no acepta que los trabajadores decidan sobre “su” empresa, las clases dominantes no aceptan que el pueblo decida sobre “su” Estado.

No es fácil defender públicamente esta actitud antidemocrática. Después de la Revolución Francesa (1789) y aún después de la Revolución Rusa (1917), lo mínimo que se exige de cualquier gobierno es que haya sido elegido por el pueblo. Es decir, lo mínimo que se exige es que el gobierno esté basado, por lo menos, en una democracia representativa.

En otras palabras: después de las revoluciones burguesas y principalmente después de que comenzaran las revoluciones socialistas, predomina la idea de que un gobierno solo es legítimo si es producto de elecciones libres y periódicas. Por esta razón, hasta los mismos dictadores tratan de mantener las apariencias.

Sin embargo, para que las elecciones sean libres, es necesario:

a) Respetar un conjunto de reglas, entre las cuales están el derecho a votar y ser votado, la realización periódica de elecciones, acatar el resultado de las urnas;

b) Garantizar un conjunto de derechos políticos y civiles, entre los cuales están la libertad de organización, expresión e información.

Por lo tanto, no debería ser considerado democrático un país que niega el derecho al voto a una parte significativa de la población.

Durante el régimen del apartheid, África del Sur excluía a los negros de su padrón electoral, así como de otros derechos civiles. Esto significaba que apenas 1/3 de los habitantes tenían derecho al voto.

En Suiza, hasta 1971, el voto era una actividad restringida para la mitad de la población, ya que las mujeres no podían votar en ninguno de los cantones.

En los EEUU, sólo hasta el año 1965, el voto comenzó a ser universal, incluyendo a toda la población negra del país.

Cuando nos fijamos en América Latina y el Caribe a lo largo del siglo XX, vemos que en un gran número de países no se respetaron las condiciones mínimas sin las cuales no se puede hablar de democracia.

El mayor ejemplo de eso son los golpes y dictaduras militares que sucedieron en parte de la región a partir de 1964. Incluso en los países no afectados por dictaduras militares, muchas veces había dictaduras oligárquicas.

Es decir, mientras las reglas del juego favorecían a uno de los dos lados, los derechos del otro lado eran limitados. La oposición tenía prohibido participar en las elecciones, era reprimida, sus líderes estaban presos; sus ideas, censuradas; sus reuniones, restringidas, y sus votos eran manipulados o falsificados.
En muchos países, esas prácticas antidemocráticas eran adoptadas en nombre del combate al comunismo. Por esta razón, con el fin de la Unión Soviética (1991), mucha gente creía que América Latina y el Caribe podían experimentar la “democracia avanzada” que supuestamente existía en los EEUU, Francia, e Inglaterra.

Pero lo que sucedió fue algo diferente, algo que sorprendió a las personas de buena voluntad, que imaginaban que el fin del socialismo soviético abriría paso a un período de menos tensiones, más paz y democracia.

La primera sorpresa sucedió exactamente en los EEUU, Francia e Inglaterra, en donde comenzaron a llegar denuncias cada vez más atemorizantes sobre la destrucción de la democracia.

No importaba quién venciese en las elecciones, el gobierno realmente estaba en mano de las grandes corporaciones económicas, y se desalentaba a la población a participar.

La segunda sorpresa ocurrió en América Latina y el Caribe: después de que las dictaduras militares fueran derrotadas, más y más países empezaron a vivir largos períodos en los que los gobiernos eran elegidos en elecciones periódicas. Pero la libertad de esas elecciones comenzó a ser más amenazada y sustituida por el control del poder económico y de los medios de comunicación.

La tercera sorpresa ocurrió en Venezuela y, después, en otros países de la región: todas las veces en las que una elección daba como resultado la victoria de un presidente contrario al neoliberalismo, las clases dominantes señalaban que las elecciones no habían sido verdaderamente libres y cuestionaban la legitimidad democrática del nuevo presidente.

La moraleja de la historia es: las clases dominantes tienen miedo de la democracia, las élites hablan de democracia, pero practican la oligarquía.

Aceptan con mala voluntad hasta la misma democracia estrictamente electoral. Hacen todo para impedir que esta democracia electoral resulte en la elección de gobernantes comprometidos con los intereses de la mayoría del pueblo. Y cuando esto ocurre, atacan a los gobernantes populares, haciendo uso de todo tipo de expedientes, inclusive acusando a los gobernantes populares de no ser realmente democráticos.

LA IZQUIERDA Y LA DEMOCRACIA

Lo que torna a la democracia más o menos real, profunda, radical, democrática, es la fuerza de la clase obrera y los sectores populares. Cuando esa fuerza disminuye, las clases dominantes tratan a la democracia como a una mercancía, objeto de compra y venta.

¿Y nosotros? ¿Y la clase obrera? ¿Y los sectores populares? –Nosotros no tenemos miedo de la democracia.

Queremos democracias cada vez más democráticas. No solo democracias electorales, donde el ciudadano vota y se va a su casa, volviendo cuatro años después para votar de nuevo.

Queremos que el mayor número posible de personas tome parte de las decisiones. No solo votando en las elecciones, sino teniendo condiciones de presentar sus candidaturas, compitiendo en condiciones de igualdad y destituyendo a los elegidos si estos no respetan el mandato que recibieron de los electores.

Queremos, más allá de la democracia electoral, democracia participativa, democracia directa, democracia en las empresas, las escuelas, las casas, las discusiones presupuestarias y las decisiones sobre políticas de salud, educación, comunicación, energía y transporte, entre otras.

Es con este espíritu que debemos estudiar las experiencias electorales de algunos países de América Latina y el Caribe: aprender cómo ganar y cómo mantener la confianza, el apoyo y el voto de la mayoría del pueblo para nuestras propuestas.

LA EXPERIENCIA VENEZOLANA

Después del fin de la dictadura militar liderada por el general Marcos Pérez Jiménez (1958), Venezuela se destacó por ser el único país de América del Sur en el que no había interrupción formal del proceso democrático. No obstante, en un contexto de Guerra Fría, esta supuesta estabilidad se dio a través del Pacto de Punto Fijo.

Este pacto fue un acuerdo político firmado, en octubre de 1958, entre tres grandes partidos conservadores venezolanos: Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI).

El eje central del pacto determinaba que el resultado de las elecciones sería obligatoriamente aceptado por sus firmantes. Al mismo tiempo, excluía al Partido Comunista de Venezuela (PCV) del proceso electoral.

Esto significaba que, aunque Venezuela fuese considerada una democracia, parte de la izquierda y parte de la población estaban excluidas de una forma de participación política: las elecciones.

El resultado del Pacto de Punto Fijo fue un bipartidismo, en el cual COPEI y AD se alternaban en el poder.

El panorama político comenzó a cambiar a partir de 1983, cuando el país enfrentó una crisis económica caracterizada por altos índices de inflación y la desvalorización de la moneda, causada por la caída del precio del petróleo a nivel internacional al inicio de aquella década.

Esta situación perduró hasta 1988, cuando Carlos Andrés Pérez fue electo presidente. Bajo la promesa de mejorar la economía, Carlos Andrés Pérez sometió a Venezuela a un programa de ajustes macroeconómicos promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El gobierno tomó medidas como aumentar el precio de la gasolina al 100% y el precio de las tarifas de transporte público al 30%.

El descontento provocó protestas masivas en las calles de Caracas y en las ciudades de La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.

La policía y el ejército fueron convocados para contener las manifestaciones. El enfrentamiento entre la población y las fuerzas de seguridad, episodio conocido como El Caracazo, dejó un número de muertos que varía entre 276 –según el gobierno de Carlos Andrés Pérez- y 3000.

El efecto inmediato del Caracazo fue un desgaste político de aquel gobierno y de los  partidos que conformaron el Pacto de Punto Fijo, dando lugar a la aparición de una tercera fuerza política-partidaria, liderada por Hugo Chávez.

En 1992, Chávez –en esa época teniente coronel- al mando de unos 300 soldados, trató de derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El intento falló y fue encarcelado por dos años.

El fracaso de 1992, paradójicamente, resultó garantizarle más espacio en el debate político. En 1997, Hugo Chávez dirigió la fundación de un partido llamado Movimiento Quinta República (Movimiento V República, MVR).

En 1998, en las primeras elecciones en las que participó el Movimiento Quinta República, se eligió a Chávez para la presidencia de Venezuela, poniendo fin al Pacto de Punto Fijo.

El 2 de febrero de 1999, Chávez tomó posesión y comenzó a cumplir una de las promesas hechas durante su campaña, la de convocar una Asamblea Constituyente con el objetivo de redactar una nueva Constitución.

Lo que se proponía era la transformación del orden jurídico nacional venezolano que, después de dos plebiscitos, pasó de “Estado Liberal” a “Estado Social de Derecho y Justicia”.

La justificación, según consta en el preámbulo de la Constitución, es la creación de un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de “una democracia social y participativa”.

“Ya no es solamente el Estado que debe ser democrático, la sociedad también debe serlo. Siendo democrática la sociedad, todos los elementos que la integran deben estar marcados por los principios democráticos”, consta en el texto constitucional.

Para llevar a cabo esa propuesta, fue creada una estructura política descentralizada por medio de la autonomía municipal y de mecanismos de participación, tales como la realización de referéndums y la elaboración de propuestas de políticas públicas.

La elaboración de propuestas de políticas públicas es considerada uno de los pilares del modelo propuesto, siendo llevado a cabo bajo el amparo de un "cuarto poder", creado dentro del Estado: el Poder Ciudadano.

Integran el "Poder Ciudadano": La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, denominado Consejo Moral Republicano, con poderes para fiscalizar el funcionamiento del sector público.

En 2007, Chávez presentó una propuesta para modificar la Constitución con el fin de transformar el Estado venezolano en "Estado socialista". La idea era implementar el "Socialismo del Siglo XXI", citado por Chávez en enero de 2005 durante el Foro Social Mundial de Porto Alegre.

La mayoría de los electores no apoyó la enmienda propuesta. Un punto de interés: el voto de la oposición de derecha seguía siendo del mismo tamaño. Sucedió que una parte del electorado chavista no fue a votar y esta abstención impidió que la reforma constitucional fuese aprobada.

Además de crear el "Poder Ciudadano", la Constitución venezolana creó el "Poder Electoral", con el fin de garantizar el derecho del voto libre y secreto -no obligatorio- a los venezolanos mayores de 18 años de edad y también a los extranjeros mayores de 18 años que residan en el país desde hace más de una década. El Poder Electoral y el Poder Ciudadano son independientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde 1998 hasta 2015, los partidarios de Chávez ganaron todas las elecciones nacionales, a excepción de la reforma constitucional mencionada anteriormente y la elección a la Asamblea Nacional que tuvo lugar en diciembre de 2015.



Año Tipo de elección
1998 Presidenciales y parlamentarias
1999 Referéndum Consultivo Constitución Nacional
1999 Referéndum Aprobatorio Constitución Nacional
2000 Referéndum Sindical
2000 Presidenciales y parlamentarias
2004 Referéndum revocatorio
2005 Parlamentarias
2006 Presidenciales
2007* Referéndum sobre la reforma constitucional
2009 Referéndum  sobre la enmienda constitucional
2010 Parlamentarias
2012 Presidenciales
2013 Presidenciales
2015* Parlamentarias

En 2016, la mayor parte de las encuestas reflejaba que la oposición tendría una mayoría en el electorado. Por otra parte, la oposición controla la Asamblea Nacional y ha hecho varios intentos para derrocar al presidente Nicolás Maduro, indicado por Chávez para continuar en el mando.

Hay varias causas que explican la pérdida del apoyo electoral del chavismo a partir del año 2013. Citaremos algunas de estas:

* La ausencia del liderazgo personal de Hugo Chávez.
* Una mayor eficacia de los ataques de la oposición y sus aliados internacionales, empezando por los EEUU.
* El agravamiento de la crisis internacional, en particular la caída de los precios del petróleo, principal fuente de divisas en Venezuela.
* La creciente crisis económica, que es, sin duda, la principal causa de la pérdida de apoyo del gobierno de Nicolás Maduro.
* Los errores cometidos por los chavistas, algunos de ellos relacionados con el largo período de gobierno, lo que produce algo que los expertos llaman "fatiga de material".

Sin embargo, hasta el momento en el que escribimos este texto, la oposición de derecha no ha logrado sus propósitos: derrocar al presidente Maduro y tomar el gobierno.

La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué motivos, a pesar de la pérdida del apoyo popular, la derecha no ha tenido éxito hasta el momento?

Algunas de las respuestas que podemos mencionar son:

* La desunión de la oposición y la ausencia de un líder único;
* El hecho de que la oposición no tiene un programa alternativo para ganar la confianza de la mayoría del pueblo venezolano;
* La memoria que las personas tienen sobre los logros del chavismo;
* El apoyo de las fuerzas armadas y el poder judicial;
* La capacidad de movilización del PSUV y de sus aliados.

La situación en Venezuela no es fácil. Incluso por esta razón, es una experiencia que debe ser estudiada con mucha atención.

LA EXPERIENCIA BOLIVIANA

A diferencia de Venezuela, con su estabilidad electoral y ausencia de gobiernos militares, Bolivia se caracterizó por largos períodos de autoritarismo e inestabilidad.

La siguiente tabla confirma esto: entre 2001 y 2006, Bolivia tuvo cuatro presidentes. Fue a partir de 2006, con la llegada de Evo Morales (candidato por el Movimiento al Socialismo - MAS) a la presidencia, que Bolivia experimenta un largo período de expansión de la democracia, desarrollo económico y estabilidad política.

Mandato Presidentes de Bolivia
1993-1997 Gonzalo Sánchez de Lozada
1997-2001 Hugo Banzer Suárez
2001-2002 Jorge Quiroga Ramírez
2002-2003 Gonzalo Sánchez de Lozada
2003-2005 Carlos Mesa
2005-2006 Eduardo Rodríguez Veltzé
Desde 2006 Evo Morales

En febrero de 2009, después de la aprobación de más del 61% de los votos en un referéndum popular, fue promulgada una nueva Constitución que declara a Bolivia como un Estado Social de Derecho Plurinacional y Comunitario, apoyada en la incorporación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones estatales, nacionalización los recursos naturales y una reforma agraria viable.

El texto constitucional garantiza derechos específicos de jurisdicción a las poblaciones de origen indígena y campesino. El objetivo es que estos grupos tengan un mayor control de las regiones bajo su jurisdicción, a través de sus propias autoridades, casi independientes de las instituciones públicas o privadas tradicionales.

Establece, por ejemplo, una cierta equivalencia entre la justicia tradicional indígena y la justicia ordinaria del país. Es decir, cada comunidad indígena debe tener su propia institución, con validez de un tribunal, compuesto por jueces elegidos por los miembros de esa comunidad. Las decisiones de esos tribunales no pueden ser revisadas por la justicia común. Al mismo tiempo, en las elecciones, los representantes de los pueblos indígenas pueden ser elegidos a partir de las reglas electorales de sus comunidades.

La nueva Constitución prevé la división en cuatro niveles de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena. Por el proyecto, cada una de estas regiones puede promover la elección directa de sus gobernantes y administrar sus recursos económicos.

En Bolivia, por ejemplo, el poder judicial también está sujeto al escrutinio electoral.

Una característica de la experiencia boliviana es el destacado liderazgo de Evo Morales. Situación similar a la de otros países, entre ellos Venezuela, que por esta razón introdujo en su Constitución la posibilidad de reelección indefinida del presidente de la República.

Se trata de un tema polémico. Para los sectores de la derecha, la elección indefinida sería una dictadura disfrazada. Los que dicen esto se apoyan en el ejemplo de los EEUU (que permite una sola reelección, después prohíbe a un presidente que compita nuevamente por el cargo) y en el ejemplo mexicano (que impide la reelección y no permite que un presidente pueda competir de nuevo). Para los sectores de la izquierda, Europa está llena de casos en los que los primeros ministros son reelectos por largos períodos sin que nadie hable de dictadura.

El problema práctico es el siguiente: el sistema electoral presidencial refuerza en gran medida la importancia de la figura personal del presidente. No es imposible ganar con otros nombres: esto ocurrió en Uruguay, con Mujica sucediendo a Tabaré y Tabaré sucediendo a Mujica; en Brasil, con Dilma sucediendo a Lula y también en Argentina, con Cristina Kirchner sucediendo a Néstor Kirchner. Pero, aunque no sea imposible, es muy difícil para la izquierda crear y disponer de varios “liderazgos presidenciales”.

Teniendo el conocimiento sobre esto, el gobierno boliviano consultó a la población en 2016 sobre si Evo Morales podría postularse para otro mandato presidencial. El resultado fue negativo por una mínima mayoría de votos.

El Movimiento al Socialismo de Bolivia, partido de Evo Morales, está buscando la forma de presentar nuevamente el tema para que Evo Morales pueda ser candidato una vez más.

LA EXPERIENCIA ECUATORIANA

Como en Bolivia y en Venezuela, la victoria de la izquierda en las elecciones presidenciales de Ecuador fue precedida por una gran inestabilidad económica, social y política, con gran desprestigio de los partidos políticos.

Fue en este ambiente que Rafael Correa, un profesor y economista, de formación católica y que había tenido una rápido paso ministerial, se lanzó como candidato a la presidencia de Ecuador, por un partido recién creado llamado Alianza País, resultando ganador en noviembre de 2006.

Durante la campaña electoral, Rafael Correa denunció la partidocracia que se había apoderado del país, defendió la realización de una "Revolución Ciudadana" y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Como parte de la estrategia de convocar la Constituyente, Alianza País no lanzó candidatos a la Asamblea Nacional. Electo presidente, Rafael Correa convocó la  Constituyente, que fue promulgada en 2008. En seguida, fueron realizadas nuevas elecciones, nuevamente ganadas por Rafael Correa y por Alianza País.

Correa fue reelecto nuevamente en febrero de 2013. Su gobierno tiene una mayoría en la Asamblea Nacional, como se muestra en la tabla siguiente:

Composición de la Asamblea Nacional de Ecuador
Bancada Partido/Movimiento Posición
100 Alianza País Oficialismo
11 CREO Oposición conservadora
6 PSC (Partido Social Cristiano) Oposición conservadora
5 Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) Oposición de izquierda que puede apoyar al gobierno
5 Movimiento de Unidad
Plurinacional Pachakutik
(MUPP) Oposición de izquierda que puede apoyar al gobierno
5 Avanza Oposición de izquierda que puede apoyar al gobierno
1 Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) Oposición conservadora
1 Sociedad Unida Más Acción (SUMA) Oposición conservadora
1 ARE (Acción Regional por la Equidad) Oficialismo
1 IDC (Integración Democrática del Carchi) Oposición conservadora
1 MPCG (Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente) Oficialismo
137 Total

Los debates constitucionales fueron muy duros, causando inclusive divisiones en el propio partido presidencial. Un detalle importante es que Ecuador se define como un Estado multicultural y multiétnico, intentando superar la exclusión institucionalizada que afecta a los sectores indígenas de la sociedad ecuatoriana.

Con la Constitución actual, promulgada en 2008, el Estado ecuatoriano tuvo formalmente cinco Poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Transparencia y Control Social y Electoral.

Además, cuentan con Justicia indígena y la Justicia ordinaria.

Es un "Estado social de derecho, soberano, unitario", organizado "en forma de República", y "multicultural y multiétnico."

En Ecuador, como en Venezuela y en Bolivia, hubo procesos constituyentes. En Argentina y Brasil no los hubo. Esto ayuda a comprender la mayor o menor firmeza de los gobiernos de izquierda.

Otra semejanza entre Ecuador, Bolivia y Venezuela: la mayoría de las veces, estos gobiernos contaron (y siguen contando, en el caso de Ecuador y Bolivia) con mayoría parlamentaria.

Conquistar el gobierno, cambiar la constitución y alcanzar la mayoría parlamentaria es crucial para el éxito de los gobiernos de izquierda.

Escribimos este Manual a pocos días de la elección presidencial de Ecuador, donde Lenín Moreno es el candidato de Alianza País para suceder a Rafael Correa. El resultado lanzará más luz sobre los éxitos y las dificultades del proceso ecuatoriano.

LA EXPERIENCIA URUGUAYA

En Uruguay, la izquierda llega al poder por primera vez en las elecciones nacionales de 2004 con Tabaré Vázquez, el candidato del Frente Amplio.

El Frente fue creado en 1971, a partir de una amplia y compleja red de partidos políticos, con bases en el movimiento sindical, popular y estudiantil. Dos años más tarde, en 1973, en Uruguay inició una dictadura civil-militar, dirigida por Juan María Bordaberry, del Partido Colorado.

El período dictatorial estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, con torturas y desapariciones de muchos uruguayos, sobre todo aquellos identificados con organizaciones de izquierda.

La dictadura se vio obligada a convocar a elecciones en 1984, pero impidió la participación de los principales líderes políticos de la oposición: Wilson Ferreira Aldunarte, del Partido Nacional (también conocido como partido Blanco) y Líber Seregni, presidente del Frente Amplio y preso político durante prácticamente todo el periodo dictatorial.

Como consecuencia de esto, quien ganó las elecciones presidenciales de 1984 fue Julio María Sanguinetti, representante del Partido Colorado. Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional que en aquél entonces rivalizaba con Colorado en un sistema bipartidista informal que había durado un siglo y medio, ganó las elecciones en 1989.

Ese mismo año de 1989, el Frente Amplio obtuvo una victoria electoral importante. A pesar de las predicciones según las cuales la caída del muro de Berlín anunciaría el fin de todo tipo de socialismo y el fin de la propia izquierda, el Frente Amplio ganó las elecciones en la capital del país, Montevideo, teniendo como candidato a alcalde al médico Tabaré Vázquez.

En las siguientes elecciones presidenciales, en 1994, Tabaré Vázquez ganó prácticamente un tercio del electorado. Pero la victoria fue para el Partido Colorado, de nuevo con Julio María Sanguinetti.

El buen desempeño del Frente Amplio llevó a los partidos tradicionales, Colorado y Blanco, a proponer un cambio constitucional, estableciendo normas destinadas a perjudicar el desempeño del Frente Amplio en las siguientes elecciones presidenciales, en 1999.

Aprobado por un pequeño margen en el sufragio, el nuevo sistema electoral consiguió lo que quería: Tabaré Vázquez ganó la primera vuelta, con el 40% de los votos, pero perdió en la segunda, cuando contó con el apoyo del 45,9% de los electores. La elección presidencial fue ganada por el representante del partido Colorado, Jorge Batlle.

En 2004, en medio de la peor crisis económica de la historia reciente de Uruguay, junto con una crisis de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, el Frente Amplio, finalmente, llegó a la presidencia.

La victoria de Tabaré Vázquez, en 2004, vino seguida por la de José Mujica, en 2009, y por el regreso del mismo Vázquez, en 2014.

El caso uruguayo es bastante diferente de los examinados hasta ahora, primero, debido a las características específicas de Uruguay; en segundo lugar, debido a las características y la trayectoria del Frente Amplio.

Uruguay enfrenta importantes limitaciones estructurales, debido al tamaño del país, la naturaleza de su economía y las características culturales y políticas de su población.

De todo esto se puede sacar una lección: es fundamental la elaboración de un programa con el cual se disputarán las elecciones, equilibrar correctamente los objetivos a largo plazo, con los objetivos que se consideran realmente posibles de lograr a corto y medio plazo.

El Frente Amplio es una organización político - electoral, en donde varios partidos, de diferentes orientaciones programáticas e ideológicas, conviven entre sí de forma armoniosa y conflictiva a la vez. El siguiente cuadro muestra los partidos que forman parte del Frente Amplio:

Composición del Frente Amplio – Uruguay
Movimiento de Participación Popular
Asamblea Uruguay
Partido Socialista
Partido Comunista
Alianza Progresista
Vertiente Revolucionario
Nuevo Espacio
Partido por la Victoria del Pueblo
Partido Obrero Revolucionario
Partido Socialista de los Trabajadores

Muchas personas se preguntan cómo puede funcionar un partido conformado por tantos partidos dentro de él. Uno de los motivos que hicieron esto posible es el sistema electoral uruguayo, que permite al elector votar al mismo tiempo por el Frente Amplio y también votar por cualquiera de los partidos que integran el Frente Amplio. Es decir: pertenecer y fortalecer al Frente Amplio no es contrario a pertenecer y fortalecer a cada uno de los partidos que integran el Frente Amplio.

Claramente esta “técnica” fue posible porque las organizaciones que forman parte del Frente Amplio tenían un importante acuerdo estratégico sobre la necesidad de realizar un largo proceso de acumulación de fuerzas, combinando acciones electorales, organización partidaria, actuación sindical y en otros movimientos sociales, así como librar una batalla en el campo de las ideas, la cultura y la visión del mundo.

De todo esto también se puede extraer una lección: la participación en las elecciones y el ejercicio de mandatos gubernamentales y parlamentarios no deben ser vistos como un fin en sí mismos, sino como parte de un proceso más amplio y largo.

En otras palabras, se trata de entender la lucha electoral y el ejercicio de los mandatos electivos como parte de la disputa y la conquista del poder.

LA EXPERIENCIA PARAGUAYA

Paraguay es un caso completamente distinto a los demás.

La izquierda paraguaya llegó al gobierno nacional en 2008, con la elección del obispo católico Fernando Lugo, poniendo fin a una hegemonía de 60 años del Partido Colorado, 35 de los cuales fueron bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner, terminada en 1989.

En el año de 1989, la caída de Stroessner fue causada por las divisiones internas del régimen, formado por el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, además de un ambiente internacional menos favorable a los regímenes dictatoriales.

La dictadura de Stroessner terminó, pero los colorados continuaron en el poder, primero por medio de un golpe de Estado perpetrado por el general Andrés Rodríguez Pedrotti, un ex aliado de Stroessner; seguido por medio de elecciones ganadas por el propio Pedrotti, ya que no había oponentes mínimamente preparados para disputar de manera competitiva las elecciones de 1989.

A partir de ese momento, las fuerzas de izquierda comenzaron un lento proceso de acumulación de fuerzas, adoptando diferentes estrategias políticas. Este proceso incluyó la victoria, en las elecciones municipales de 1999 en Asunción (capital paraguayana), de una organización llamada Asunción para Todos (APT).

Esta victoria coincidió con una grave crisis política, en la que el presidente de Paraguay electo en 1998, Raúl Cubas Grau, fue acusado por el asesinato - ocurrido en marzo de 1999 - de Luis María Argaña, vicepresidente de Paraguay. Cubas renunció cinco días después y se exilió en Brasil. Después de un acuerdo político, el representante del partido Colorado Luis Ángel González Macchi asumió la presidencia.

Este episodio revela algo muy común en América Latina y el Caribe: los vínculos entre la violencia social, la violencia política y la violencia estrictamente delictiva.

En Paraguay, el siglo XXI se inicia en medio de una inestabilidad política y del avance de los sectores progresistas y de izquierda que se oponían al Partido Colorado. Es en este contexto en el que se destaca la figura de Fernando Lugo, que entre 1994 y 2004 había sido obispo de San Pedro, una de las áreas más pobres del país, en la cual el movimiento de los trabajadores rurales era uno de los más organizados.

Lugo estableció relaciones con las organizaciones rurales, los partidos de izquierda y las comunidades eclesiales de base, y también acompañó la toma de tierras y huelgas por parte de los trabajadores. También fue uno de los líderes de la campaña de recolección de firmas contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En 2008, Lugo lideró una amplia coalición para disputar las elecciones presidenciales, teniendo en la  vicepresidencia a un dirigente del Partido Liberal, de tendencias abiertamente conservadoras. La candidatura de Lugo también recibió el apoyo de organizaciones socialdemócratas y clasistas, uniendo diversos sectores de la izquierda, que posteriormente se reunirían para formar el Frente Guazú.

A pesar de ganar la presidencia, Lugo gobernó bajo la presión de una oposición mayoritaria en el Congreso, que varias veces intentó sacarlo de la presidencia, hasta que lo destituyeron en junio de 2012, bajo el pretexto de "mal desempeño de sus funciones".

El caso paraguayo ilustra que las victorias electorales de las fuerzas progresistas y de izquierda son el resultado de una combinación, generalmente imperfecta, entre la acumulación de fuerzas de un lado (el popular) y la crisis del otro lado (el oligárquico).

Pudiendo ocurrir, como en el caso de Lugo, que una profunda crisis de las oligarquías gobernantes facilite la llegada de la oposición al gobierno, sin que esta oposición tenga acumuladas fuerzas suficientes para llevar a cabo un gobierno estable.

Esta debilidad fue uno de los argumentos utilizados para justificar la alianza de Lugo con el Partido Liberal. Por otro lado, la presencia de un liberal en la vicepresidencia facilitó el golpe. De hecho, el vicepresidente de Lugo no solo apoyó el golpe de Estado sino que asumió la presidencia de Paraguay tras el impedimento.

En este sentido, es muy importante buscar un crecimiento armónico de las fuerzas de izquierda, que se exprese, por ejemplo, en la distribución equilibrada de militantes que actúan en la organización partidaria, en la preparación de los procesos electorales, en los mandatos parlamentarios y gubernamentales electos, al igual que en los movimientos sociales.

LA EXPERIENCIA BRASILEÑA

Hay otras experiencias electorales importantes en América Latina y el Caribe, como es el caso de las antiguas organizaciones guerrilleras que llegaron (o volvieron) al gobierno por vía electoral en El Salvador y Nicaragua (véase el Manual 2).

Otras experiencias tienen antecedentes en los gobiernos populares existentes durante la Guerra Fría. Este es el caso de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cuya comprensión requiere el estudio de la tradición Peronista en Argentina. En el siguiente cuadro, están los períodos de gobierno de Juan Domingo Perón:

Mandatos de Juan Domingo Perón
4 de junio de 1946 – 4 de junio de 1952
4 de junio de 1952 – 21 de septiembre de 1955
12 de octubre de 1973 – 1 de julio de 1974

Es el caso, también, de los gobiernos de la Concertación en Chile, cuyo estudio requiere entender las diferentes interpretaciones sobre lo que ocurrió durante el gobierno de la Unidad Popular de 1970 a 1973 y lo que ocurrió durante la dictadura militar encabezada por Pinochet. El siguiente cuadro muestra cuáles fueron los gobiernos de la Concertación que vinieron después de Pinochet:


Gobiernos Chilenos Período
Salvador Allende 1970-1973
Augusto Pinochet 1973-1990
Patricio Aylwin 1990-1994
Eduardo Frei Ruiz-Tagle 1994-2000
Ricardo Lagos 2000-2006
Michelle Bachelet 2006-2010
Sebastián Piñera 2010-2016
Michelle Bachelet Desde 2016

Por último, está la experiencia de Brasil, que inició con la elección de Luiz Inácio Lula da Silva, en 2002; y que terminó con el golpe parlamentario-judicial en contra de la presidenta Dilma Rousseff, ocurrido el 31 de agosto de 2016.

Brasil vivió bajo la dictadura militar entre 1964 y 1985. En 1985 fue electo un presidente civil, pero la elección fue dada por un colegio electoral compuesto por parlamentarios. Fue hasta 1989 que se produjeron elecciones directas para presidente de la República: por primera vez, los electores en condiciones para votar incluyendo a todos los adultos mayores de 18 años, incluso los analfabetos. Para la mayoría de los brasileños y brasileñas fue la primera vez que votaron directamente para la presidencia de la República, algo que ocurrió por última vez en 1960.

La primera vuelta fue disputada por 22 candidatos, cinco de los cuales estaban a favor de la izquierda. Entre ellos, Luiz Inácio Lula da Silva, que se disputó la segunda vuelta con el candidato Fernando Collor de Mello, apoyado por los defensores de la dictadura y por el conservadurismo político y económico.

Lula perdió por un estrecho margen las elecciones presidenciales de 1989. Volvió a lanzarse a las elecciones presidenciales en 1994 y 1998. En 2002, finalmente fue elegido presidente de Brasil. El siguiente cuadro muestra la votación obtenida por Lula en cada una de las elecciones presidenciales disputadas desde 1989.

En el caso de 1989, los datos son de la segunda vuelta. En el caso de 1994 y 1998, los datos son de la primera vuelta (no hubo segunda vuelta). En los casos de 2002 y 2006, los datos son de la segunda vuelta.


Año Candidato Partido Votos %
1989 Fernando Collor PRN 35.089.998 53.03%
Luiz Inácio Lula da Silva PT 31.076.364 46,97%
1994 Fernando Henrique Cardoso PSDB 34 350 217 54,28%
Luiz Inácio Lula da Silva PT 17 112 255 27,04%
1998 Fernando Henrique Cardoso PSDB 35.936.540 53,06%
Luiz Inácio Lula da Silva PT 21.475.218 31,71%
2002 Luiz Inácio Lula da Silva PT 52.793.364 61,27%
José Serra PSDB 33.370.739 38,73%
2006 Luiz Inácio Lula da Silva PT 58.295.042 60,83%
Geraldo Alckmin PSDB 37.543.178 39,16%

Lula era originalmente un líder sindical metalúrgico, quien en 1980 encabezó la creación del Partido de los Trabajadores. A lo largo de los años 80, el Partido de los Trabajadores se convirtió en el principal partido de la izquierda en Brasil, protagonizando la lucha contra la dictadura militar (hasta 1985), contra la transición conservadora (hasta 1989) y contra el neoliberalismo (hasta 2002).

Al mismo tiempo, el PT estuvo envuelto directamente en la creación de la Central Única de los Trabajadores (CUT) y del Movimiento Sin Tierra (MST), entidades que, junto con la Unión Nacional de Estudiantes, integran la lista de las organizaciones populares brasileñas más importantes del país.

Desde 1982, el Partido de los Trabajadores ha acumulado una importante experiencia en la gestión de ciudades (alcaldías) y de gobiernos estatales (provincias). Esta experiencia forjó a miles de dirigentes y contribuyó al éxito de importantes políticas que fueron adoptadas a partir de 2003, cuando Lula asumió el cargo.

Durante este proceso de acumulación, se hicieron alianzas de dos tipos: con partidos de izquierda (como el Partido Comunista de Brasil) y con partidos de centro y centro-derecha (como el PMDB del actual presidente golpista de Brasil, Michel Temer). No hay consenso, en la izquierda brasileña, sobre el tema de las alianzas. Hay quienes piensan que se debía haber hecho alianzas solamente con la izquierda; hay quienes piensan que sin alianzas con el centro-derecha no se habrían logrado victorias; hay quienes piensan que las alianzas más amplias eran necesarias, pero hubo una exageración de alianzas sin criterios que fortalecieron a los enemigos.

Lula fue reelecto presidente en 2006, contribuyó a la elección de Dilma Rousseff en 2010, que fue también reelegida en 2014. Sin embargo, el 31 de agosto de 2016 un golpe jurídico-parlamentario sacó a Dilma de la presidencia y hoy intenta condenar, inhabilitar e incluso encarcelar a el ex presidente Lula.

La experiencia de las elecciones presidenciales ganadas por Lula y Dilma, la experiencia del PT frente a los gobiernos y mandatos parlamentarios, además de su larga historia de activismo en los movimientos sociales, es un sinfín muy rico de experiencias.

Mientras tanto, tal vez lo más importante es reflexionar por qué motivos un partido con tanta experiencia, poder social y político terminó siendo apartado del gobierno y sufre hoy una brutal persecución.

El Partido de los Trabajadores convocó, para abril de 2017, un Congreso Nacional donde se hará una evaluación de estos motivos.

EL DESAFIO DE LAS IZQUIERDAS

En 1998, el comandante Hugo Chávez Frías ganó las elecciones presidenciales en Venezuela. En 2002, Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en Brasil. Luego ocurrieron las victorias en Argentina, de Néstor Kirchner (2003) y de Cristina Kirchner (2007 y 2011); en Uruguay, de Tabaré Vásquez (2004 y 2014) y de Pepe Mujica (2009); en Bolivia, de Evo Morales (2005, 2009 y 2014); en Ecuador, de Rafael Correa (2006, 2009 y 2013); en Paraguay, de Fernando Lugo (2008); en Honduras, de Manuel Zelaya (2005); en Chile, de Michelle Bachelet (2005 y 2013); en El Salvador, de Mauricio Funes (2009) y de Salvador Sánchez Cerén (2014); en Nicaragua, de Daniel Ortega (2006, 2011 y 2016); en Brasil, de Dilma Rousseff (2010 y 2014); en Venezuela, de Hugo Chávez (1998, 2000, 2006 y 2012) y de Nicolás Maduro (2013).

Estas victorias electorales cambiaron el escenario político, no solo en cada país donde ocurrieron, sino también en América Latina y el Caribe. Ejemplos de ello son la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Hoy sabemos que estas victorias fueron muy importantes, pero no fueron lo suficiente para imponer una derrota definitiva a las fuerzas oligárquicas, neoliberales, capitalistas, de derecha. Ocurrieron golpes de Estado de un nuevo tipo en Honduras (2009), en Paraguay (2012) y en Brasil (2016). En Argentina, la derecha ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2015. En diciembre de 2015, la derecha obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela. En Bolivia, la oposición ganó el plebiscito realizado en febrero de 2016.

Los golpes de Estado y las victorias electorales de la derecha tienen como objetivo hacer a América Latina y el Caribe volver a una situación parecida a la que había antes de 1998, cuando en toda la región solo la República de Cuba era dirigida por un partido de izquierda.

Sin embargo, las victorias de la derecha no son inevitables, y los gobiernos de la derecha no son invencibles. Por esta razón, nuestros militantes deben estudiar con atención las experiencias en las que la izquierda ganó los gobiernos nacionales, aprendiendo de los aciertos y también de los errores.

A continuación están algunas ideas que nos gustaría debatir:

La lucha electoral tiene leyes

La lucha política, la lucha social, la lucha armada, cada una de estas formas de lucha tiene sus leyes. Lo mismo pasa con la lucha electoral y con el ejercicio de gobiernos. Los militantes de un partido que quiere ganar las elecciones deben estudiar las experiencias y conocer estas leyes. Solamente así se sabrá definir correctamente la táctica electoral, la elección de las candidaturas y fórmulas electorales, la propaganda electoral en los medios y en las calles, el papel de los liderazgos electorales, el rol de los partidos y de los movimientos sociales en los procesos electorales, entre otros.

Tener el gobierno no es tener el poder

Cuando ganamos las elecciones, los poderes fácticos siguen en manos de quien siempre fue la clase dominante. Por lo tanto, es esencial construir, desde que se está en la oposición, las herramientas para tener el poder. Y una de estas herramientas es una poderosa red de medios de comunicación - periódicos, revistas, editoriales, redes sociales, sitios web, radio y televisión.

Proyecto y coherencia

Nunca se debe engañar al pueblo diciendo una cosa en campaña electoral y haciendo otra en el gobierno. De lo contrario, los que votaron por nosotros hoy, mañana pueden votar en contra. Y las fuerzas oligarcas no esperan nuevas elecciones para derrocar a un gobierno que no tiene suficiente apoyo popular. Motivo por el cual quien está en el gobierno debe mantener fuertes relaciones con los partidos, con los movimientos sociales y los votantes que ayudaron a elegirlo

Funcionamiento de la economía

Tanto en Brasil, como en Argentina y Venezuela, los problemas económicos fueron fundamentales para decidir el resultado de las elecciones. Partidos bien organizados y con larga historia pierden las elecciones, si la mayoría de la población los culpa por sus dificultades cotidianas.

Adversarios y enemigos

No se debe confundir a los adversarios con los enemigos. Los adversarios  quieren derrotar, los enemigos pretenden destruir. Y nunca se debe subestimar a los enemigos, ni los que actúan dentro el país, y mucho menos los que actúan desde fuera.

Elección y Transformación

La transformación social mediante la disputa electoral no se produce solo con la elección de presidentes. Las transformaciones en la estructura del Estado solo son posibles con el apoyo popular y las elecciones parlamentarias que dan apoyo a proyectos de izquierda, ya sea en apoyo al gobierno o en los cambios constitucionales para ampliar los límites de la democracia.

Equilibrio permanente

Una vez que se obtiene la victoria, hay muchos conflictos entre el presidente, el gobierno, los partidos y los movimientos. En la fase de lucha para ganar las elecciones, esta relación es más fácil: por un lado está el gobierno que debe ser derrotado; del lado contrario están los candidatos, los partidos y los movimientos de la oposición, que quieren ganar las elecciones. Pero después de la victoria, es común que ocurran conflictos entre las fuerzas que vencieron las elecciones.

Estos conflictos ocurrieron en todas partes, con diferentes tipos de movimientos sociales, con diferentes tipos de partidos, con diferentes tipos de gobierno y con diferentes líderes.

Por lo tanto, es un tema que debe ser estudiado con mucho cuidado por los militantes, no con la intención utópica de evitar que este tipo de conflictos ocurran, sino con el objetivo de que estos conflictos inevitables no tengan como resultado nuestra derrota.

El poder popular

Las élites no son democráticas. Hablan de democracia, hablan de elecciones, pero siempre serán oligárquicas y golpistas. Para garantizar la democracia y la verdad de las urnas, es necesaria la construcción de un fuerte poder popular.